A las autoridades del poder público ejecutivo se les ha asignado la potestad de investigar y sancionar conductas en diferentes áreas como la disciplinaria (procuradurías, personerías, oficinas de control disciplinario), control fiscal (contralorías), en áreas de convivencia (policía uniformada e inspecciones de policía) o en sectores especiales como transporte, educación superior, salud, ambiente (superintendencias, ministerios, alcaldías, CAR, establecimientos públicos, otros), etc.

Como son muchos los temas dentro de los cuales puede llegar a generarse una sanción administrativa, también son muchas las autoridades competentes en estas materias y los procedimientos vigentes para este tipo de actuaciones.

No obstante, todas las actuaciones de las autoridades administrativas deben enmarcarse en procedimientos que garanticen los derechos constitucionales como el debido proceso y la debida defensa, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ser representado por un abogado. De otra parte, las decisiones adoptadas tienen control ante los jueces contencioso administrativos, a través de la acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.

Asesorarse de un abogado experto en derecho sancionatorio administrativo, le permitirá optimizar sus posibilidades de defensa frente a la investigación que esté afrentando.